viernes, 3 de febrero de 2012

Resurgen los fantasmas

millonarios de Astiazarán


Mientras corre la voz con sus amigos de ser el elegido para la candidatura a Diputado Federal por el 04 Distrito, se reavivan los expedientes en su contra y el severo juicio del enojo popular

El PRI siembra terreno para otra derrota en Sonora con “semillas” del ex Alcalde como pérdidas millonarias en terrenos, empresarios favorecidos y varias acusaciones, incluso penales

Fernando Villa Escárciga
Por las acusaciones y demandas penales en su contra, si hay un priísta urgido de fuero en Sonora es Antonio Astiazarán Gutiérrez, cuyos “fantasmas millonarios” resurgen del clóset para reavivar el repudio popular.
Desde la mañana de hoy el ex alcalde de Guaymas empezó a correr la versión de ser el elegido para la candidatura a Diputado Federal por el 04 Distrito, con la bendición de los “moreiristas” adheridos al CEN del tricolor.
De ser así, el PRI vuelve a mentirse a sí mismo y a sembrar el terreno para otra estrepitosa derrota en Sonora, donde el saldo electoral, a ese paso, afectará seriamente las aspiraciones del presidencial Enrique Peña Nieto.
“De ningún modo postularemos candidatos con acusaciones documentadas de corrupción ni personajes impopulares que pongan en riesgo la votación”, habrían dicho los Delegados del CEN priísta.
Bajo el expediente 1135/2011,  Toño Astiazarán enfrenta una demanda penal por peculado, ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición y tráfico de influencias.
 Ante el Ministerio Público del Fuero Común, el regidor independiente Roberto Maciel Carvajal encauzó la denuncia por las múltiples corruptelas en que habrían incurrido el ex Alcalde y varios de sus funcionarios.
Más aún, Toño Astiazarán enfrenta una petición de Juicio Político ante el Congreso del Estado, expediente que sigue vivo, que desde febrero del 2009 exige la ciudadana María Emilia Taylor Bretado.
Este último caso también se relaciona con el presunto agandaye --se dice que por Astiazarán-- de decenas de hectáreas del Libramiento a San José, que desde hace medio siglo reclama como suyo la familia Taylor.
Igualmente, el ex Alcalde enfrenta una denuncia ante la Contraloría Municipal encauzada por la síndico Mónica Marín Martínez, lo que debe desahogar la fiscal Iveth Guerrero Padrés.
Es indudable, pues, que “los fantasmas millonarios” de Astiazarán Gutiérrez se asoman al ambiente electoral en Sonora, particularmente en Guaymas donde la irritación popular en su contra cobrará facturas. Y muchas.

Expedientes abiertos
Empresas fantasmas, facturas apócrifas, precios inflados, desvío de recursos, tianguis de terrenos, manoteo de dineros ajenos y otras irregularidades millonarias marcaron el paso de Astiazarán por la alcaldía de Guaymas.
Así lo establece la glosa de la Cuenta Pública de la administración municipal 2006-2009 y que gran parte de tan torcidos renglones son analizados por el Ministerio Público.
Las truculencias cometidas durante la pasada administración llegaron al extremo de inventar nombres de empresas o de crearlas al vapor para saquear el erario en perjuicio de los guaymenses.
En el colmo de la vulgaridad --se desprende del voluminoso expediente-- se cobraron facturas apócrifas de los proveedores “fantasmas” Mig Suministros S.A., Leonardo Mendivil Santoyo y Enrique Luna Padilla.
Tras la búsqueda del domicilio consignado en las facturas se concluyó que no existe ninguno de esos establecimientos que, en conjunto, cobraron 580 mil 219 pesos; los documentos tampoco cumplen con los requisitos fiscales de ley.
Otro caso es el del proveedor Manuel Jiménez Zamora, a cuyo nombre se cobraron 67 mil pesos mediante las facturas 132 y 145, pero dicha persona sostiene que jamás ha prestado servicio alguno al gobierno municipal.
Caso similar, pero con peores matices, es el pago de la factura 458 a nombre de José Rosario Ruiz Lerma, por 25 mil pesos y autorizada por la Secretaría Particular; Ruiz Lerma falleció desde el 2005 y su hija asegura que jamás prestaron servicios a la comuna.
Dichas irregularidades resultan más ominosas a partir de que la Dirección de Egresos exige una identificación del IFE para la entrega de efectivo o cheques, lo que en esto caso no sucedió, y pudieron cobrarlos personas vinculadas al Ayuntamiento.

Ah, Lemmen Meyer
Los anteriores son pequeños ejemplos del desaseo financiero durante la administración de Toño Astiazarán quien, vale recordar, gran parte de su mandato se aferró a la precandidatura del PRI para ser Gobernador.
En esa tesitura podrían inscribirse los pagos a Anuncios TG por varios lotes de lonas por 160 mil 131 pesos  y a Gastélum Moller Publicidad por 430 mil 560 pesos.
Otras operaciones fantasmales fueron beneficios por varios millones de pesos al hermosillense Roberto Francisco Lemmen Meyer González, lo que derivaría en graves sanciones de índole legal.
Pese a la existencia de una Dirección de Cobranza Municipal, se contrató para el cobro de impuestos prediales a Corporativo de Servicios Legaxxi, cuyo representante legal es Lemmen Meyer y quien se embolsó 2 millones 999 mil 930 pesos,
A Lemmen Meyer le fue todavía mejor, también en materia de terrenos, al realizar un gran “negocio” con presunto uso de información privilegiada para especular con inversiones públicas del municipio y del estado.

 Ahora como representante de Inmuebles Sinson, S. A, Lemmen Meyer en sociedad con Patricia Cadena Ochoa adquirió el 23 de agosto del 2007 un terreno de 19 mil 771 metros cuadrados a un costo de 750 mil pesos.
Por ese predio ubicado a un lado del Parque Infantil, el gobierno municipal ejerció un millón 282 mil 920 pesos para indemnizar a 12 personas que de ahí fueron desalojadas, en una operación realizada a cuatro días de ser adquirida por Inmuebles Sinson.

Tómbola millonaria
Cebados con tan felices resultados, que para entonces sumaban 529 mil pesos a favor de Lemmen Meyer, el Ayuntamiento y el “empresario” de Hermosillo se siguieron de largo en una de las transas más aberrantes de la historia reciente de Guaymas.
Poco después de dos años, el gobierno municipal entregó a Lemmen Meyer 3 millones 664 mil 179 metros cuadrados de terrenos públicos  a cambio de sólo 19 mil 771 metros.
La operación, de por sí escandalosa al canjear el Ayuntamiento terrenos en proporción de 192 metros por uno, de inicio era ilegal al contravenirse los artículos 200 y subsecuentes de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
En esta orgía de irregularidades durante el trienio 2006-2009, también destacan operaciones relacionadas con el arrendamiento del edificio que antes fue propiedad de Banco Santander, adquirido el 22 de julio del 2007 por el hermosillense José Manuel García Gutiérrez.
Por ese inmueble, que había costado 1 millón 500 mil pesos al nuevo propietario, Astiazarán “invirtió” en renta y remodelaciones un millón 819 mil 601 pesos: 506 mil pesos por renta de 19 meses, 503 mil por contrato de obra pública y 810 mil pesos en gastos de remodelación.
 Se trata de operaciones harto cuestionables, pues con el monto invertido por Astiazarán en un edificio ajeno, fácilmente pudo ser adquirido para incorporarlo al patrimonio municipal de los guaymenses.
Otro aspecto a destacar sobre ese edificio es la intervención como “contratista” de Rafael Bellot Rojas, con presuntos vínculos estrechos desde hace años con el ex alcalde, y quien jamás presentó acta de entrega-recepción por la “obra” realizada.

Perder adrede
En esta borrachera de millones de pesos, siempre en perjuicio del interés ciudadano, el Ayuntamiento perdió “adrede” 2 millones de pesos en la venta de 229 mil metros cuadrados a Cobrom, S.A. y  La Tienda de Guaymas.
Al negarse el Ayuntamiento a cumplir con un clausulado de venta por 29 millones 493 mil 700 pesos por el predio, que incluía la colocación de semáforos en un acceso, la empresa se quedó con 2 millones de pesos pactados como garantía. Plan con maña.
El tianguis de terrenos durante la pasada administración dio para más, como el desistimiento sobre el juicio 580/02 con José Ordaz Aguiar sobre un predio de 266 mil 599 metros cuadrados con valor actualizado de 66 millones 134 mil 137 pesos.
A espaldas del Ayuntamiento en pleno, que debió autorizar la operación como marca la ley, Astiazarán dejo ir los potenciales 66 millones de pesos del inmueble a cambio de sólo 5 millones, recibidos en “donación” entre marzo y mayo del 2007.
Aún persisten dudas sobre otros daños al Municipio por los procedimientos irregulares para el emplazamiento de 99 cuentas catastrales y su posterior remate, por conducto del despacho externo Asesoría y Representación Legal, S.C.
Parte de estos artilugios, en silencio y en lo oscuro, incluyó el esconder situaciones de ley como la relación del estatus de cada inmueble sujeto al remate y la sustracción de casi todos los expedientes, si es que se formularon.
Sin embargo, cinco ciudadanos lograron ampararse, ganando tres de ellos sus juicios, entre los que destaca Antonio Sandoval López quien logró que el gobierno municipal le devolviera los predios que le había quitado mediante malas artes.
Dichos terrenos, también sin autorización del Ayuntamiento y de manera opaca y de forma discrecional, ya habían sido vendidos a María Guadalupe Ciapara Ríos, a quien le tuvieron que regresar 893 mil pesos por los terrenos propiedad de Sandoval.
De acuerdo al análisis sobre los procedimientos irregulares de embargo de terrenos, éstos fueron con vicios de forma y fondo, de lo que se desprenden más posibilidades de daños y prejuicios a la comuna de surgir reclamaciones legales de parte de los afectados.

Más millones
Pero más gangas ominosas resultaron de operaciones con terrenos, algunas instrumentadas por la Promotora Inmobiliaria de Guaymas, que permutó un terreno valuado en un millón 246 mil 658 pesos por sólo 276 mil 722.
Considerados oficialmente para vivienda, los terrenos ubicados en el fraccionamiento 13 de Julio fueron entregados a la empresa Patrimonio y Desarrollo Inmobiliario que, sin mucho esfuerzo, resultó beneficiada con un millón en perjuicio del patrimonio municipal.
Si en materia de inmuebles hizo de las suyas la administración de Antonio Astiazarán, en el concepto de bienes muebles la cosa también motiva al escándalo: hubo faltantes por más de 4 millones 446 mil pesos.
Con esos y otros expedientes, el ahora pretenso diputado ya puede considerar abierta su campaña política: Con miles y miles de votos en su contra, al chapotear en un lodazal que salpicará al PRI y al resto de sus candidatos.

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